
Defensa hace un uso abusivo de los créditos extraordinarios para pagar proyectos comprometidos en los llamados Programas Especiales de Armamento. Tales créditos salen adelante por decreto ley, lo que evita un control real sobre ellos y es comprensible que el Constitucional acepte dos recursos en su contra, presentados por el PSOE, que cuestionan el desembolso de 1.760 millones.
No es el único síntoma de falta de transparencia en Defensa, un ministerio que en 2014 hizo a dedo, por "procedimiento negociado sin publicidad", el 52% de unas adjudicaciones que luego se pagan mediante los mencionados créditos extraordinarios. Esta opacidad no debe tener cabida en un departamento tan sensible como Defensa y Morenés debe atajarla.