Reabrir la televisión autonómica valenciana es un objetivo prioritario para el nuevo presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien incluso situó esa acción como una de las claves de su discurso de investidura. Poco importa en los cálculos del socialista el hecho de que su autonomía incumpla sistemáticamente los objetivos de déficit y deuda públicos y que, en el momento de su cierre, Canal 9 arrastrara un pasivo de 1.000 millones.
Puig resucita un costoso instrumento de propaganda del que los valencianos no obtienen ningún beneficio. Es una regresión injustificable que debe reavivar el debate sobre la razón de ser de las televisiones autonómicas, que siguen absorbiendo subvenciones (836 millones en 2014) en un momento en que el gasto público aún debe vigilarse.