Ante un mismo escándalo, el presunto inflamiento de peajes en el Viaducto Bicentenario por parte de la filial mexicana de OHL, la matriz española y el Gobierno azteca no podrían tener una actitud más dispar. El presidente de la primera, Juan Miguel Villar Mir, volvió ayer a invocar una supuesta "campaña de difamación" y a cargar contra el directivo destituido Pablo Wallentin.
El Ejecutivo mexicano, por el contrario, se embarca en una auditoría a fondo que, lejos de agotarse en el Viaducto, se extenderá a los casi 4.000 millones en concesiones que OHL tiene en México. Es un golpe a la credibilidad en bloque de la constructora y a su presidente, Villar Mir, cuyas explicaciones, hasta ahora, no han estado a la altura de la verdadera importancia del escándalo.
