La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha recibido del anterior Gobierno una herencia envenenada que obligará al Ejecutivo a subir el precio del agua. La fiebre por construir plantas desaladoras, para contentar al tripartito catalán y al Gobierno aragonés formado por socialistas y regionalistas, ha dejado 15 infraestructuras, en diferente estado que deben ajustarse antes de que termine el año al protocolo exigido por Europa.
De no ser así, España tendrá que devolver los fondos comunitarios que se otorgaron. Tejerina demuestra que el Gobierno actual es consecuente en este ámbito con la legalidad, tras ocho años de inacción socialista en los que no se aprobó ningún plan de gestión de aguas. Una pasividad que hoy tenemos que pagar todos.
