La posible multa a la que se enfrenta España por falseamiento de sus datos de déficit y deuda públicos tiene visos de que quedará en una "simbólica sanción", en palabras de Bruselas, de 19 millones. La cantidad es lo suficientemente abultada como para que el Estado y la autonomía que más contribuyó a distorsionar las cifras (la Comunidad Valenciana) discutan sobre quién debe pagar.
Pero, más allá de la multa, el rapapolvo de Bruselas debe servir para poner de manifiesto la mala gestión de la Generalitat, desde 1988, y del uso sistemático de la ocultación de facturas de proveedores en el cajón para cuadrar las cuentas Es una práctica heredada por el actual jefe del Ejecutivo valenciano, Alberto Fabra, que no ha contribuido a erradicar.
