Empresarios y asesores llevaban en España largo tiempo reclamando uniformización y mayor eficiencia de los procesos para cumplir con su obligación de legalizar los llamados libros sociales. Estos constituyen la radiografía más completa del funcionamiento interno de una empresa, ya que abarcan desde su contabilidad, hasta las actas de sus consejos de administración, pasando por la relación de todos sus contratos.
No en vano la legalización consiste en establecer un precinto sobre tan delicada información, una vez que se deposita en el registro mercantil provincial. La Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN) dio respuesta a las demandas definiendo un único procedimiento electrónico de presentación de los libros (que hasta ahora sólo podían ser de papel), de cumplimiento obligatorio a partir de este jueves.
Con la entrada en vigor a las puertas, se da la inaudita paradoja de que el DGRN todavía no tiene definido un proceso de encriptación que permita garantizar la confidencialidad del contenido de los libros. A nadie puede extrañar, por tanto, que las sociedades del Ibex recurrieran judicialmente la obligatoriedad del nuevo sistema y los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hayan dejado paralizado todo el proceso.
La reacción ha partido de los pesos pesados del selectivo bursátil, pero los perjudicados por el nuevo procedimiento eran todas las empresas, con independencia de su tamaño, ya que ninguna se libra de legalizar sus libros. El gran número de perjudicados debería haber obligado al DGNR a dejar de lado la parsimonia, y haberse puesto al día de las exigencias que el manejo de información digital exige a toda institución que quiera estar a la altura de los tiempos.
