Son múltiples los indicios de que, tras la mediática detención del exvicepresidente Rodrigo Rato, predominaron los factores políticos sobre los jurídicos. Tal preponderancia se explica plenamente atendiendo a la lucha interna que se está desarrollando en las entrañas mismas del Gobierno que preside Mariano Rajoy.
Por un lado, se encuentra el propio jefe del Ejecutivo y su entorno contra el que se ha levantado la facción liderada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con la colaboración del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Identificándose con un perfil tecnocrático y alejado de la corrupción que ha salpicado a la vieja guardia del PP, representada por Rajoy, el bando de Sáenz de Santamaría y Montoro está dispuesto a pagar el precio de una debacle de su partido en las elecciones de mayo, si ese fracaso los sitúa en primera línea ante los comicios generales de noviembre.
Esa estrategia explica hechos tan inauditos como la precipitación con la que ha salido a la luz la investigación sobre Rodrigo Rato, el inusual protagonismo de Hacienda en el proceso o la ausencia de todo control por parte de Rajoy en el desarrollo de los acontecimientos, tal y como el propio presidente reconoció ante los empresarios del Foro Puente Aéreo.
Más allá de las responsabilidades del principal afectado, el caso Rato ha sido, por tanto, fruto de un auténtico golpe de mano en el Gobierno, que el jefe del Ejecutivo se ha mostrado incapaz de frenar, con los graves riesgos que ello supone. No en vano la lucha intestina ha superado los límites del Partido Popular y se puede afirmar que el Gobierno se encuentra fracturado, en un momento económico y político clave para el conjunto del país.
