Pasada la sorpresa que supuso ver cómo el exvicepresidente Rodrigo Rato entraba detenido en un coche policial, llega el momento de analizar con frialdad hasta qué punto la operación que derivó en la ya célebre foto se condujo de manera apropiada.
Resulta indudable que los delitos imputados al exdirector gerente del FMI (fraude fiscal, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales) son de extrema gravedad, máxime teniendo en cuenta la situación judicial en la que se halla inmerso Rato. De hecho, las causas abiertas por su gestión en Bankia ya han generado una fianza, a la que el político popular no ha aportado aún, y originarán más obligaciones semejantes en el futuro.
Sin embargo, llama la atención la repentina premura con la que la Agencia Tributaria decidió actuar contra un contribuyente cuyas operaciones se encontraban bajo vigilancia desde hace más un año. Es más, las prisas llegaron al extremo de que Hacienda ni siquiera avisó de su actuación a uno de los organismos que llevaban a cabo esa misma supervisión, el Servicio de Prevención de Blanqueo (Sepblac), dependiente de Economía.
De nuevo, el Gobierno muestra una preocupante descoordinación, como ocurrió en la liquidación de Banco Madrid (en este caso entre el Banco de España y Economía). Ahora la falta de sintonía es mucho más perniciosa debido al impacto mediático que la detención de Rato conlleva a tan sólo un mes de las elecciones de mayo.
Está por dilucidarse si Hacienda actuó movida por la improvisación o de forma premeditada, para mostrar contundencia. En cualquier caso, lo innegable es que se ha desatado un efecto adverso para el PP que puede ser demoledor antes de unos comicios cruciales.
