A las puertas de que el Gobierno tenga que actualizar su Programa de Estabilidad, que fija ante Bruselas los objetivos macroeconómicos para los próximos años, existe un hecho claro: la meta de reducción del déficit público que ya está comprometida para 2015, equivalente al 4,2% del PIB, resulta "muy exigente".
Así la volvió a calificar ayer el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, en un intento de llamar la atención de un Ejecutivo que, desde finales del año pasado, se encuentra más centrado en preparar las numerosas citas electorales de este 2015 que en velar por el equilibrio fiscal del sector público.
Es cierto que el Estado sí se atiene a los límites, como Escrivá subraya, y es previsible que siga haciéndolo en el futuro. Lo que resulta cuestionable es que su buen desempeño continúe sirviendo para compensar los "desbordamientos considerables" que caracterizan a las comunidades autónomas. No en vano, en 2014, 13 de ellas sobrepasaron el límite de déficit y cuatro incluso lo doblaron.
Todo ocurrió ante la permisividad de Hacienda que, no sólo toleró el incumplimiento, sino que además continuó premiando a los infractores mediante medidas como la mutualización de su deuda. Como la AIReF apunta, el Ministerio tiene a su alcance el instrumento (la intervención amparada por la Ley de Estabilidad), para hacer frente al desafío. Su renuncia a él socava gravemente la credibilidad de España para cumplir con sus compromisos ante sus socios europeos.
