Las circunstancias que atraviesa Fomento, la cartera más perjudicada por la crisis, ha obligado al Ministerio a pisar el acelerador de la competencia en la liberalización de Adif. Pero no solo por arriba, es decir los trenes que circulan y donde la ministra Ana Pastor ha dado un paso más esta misma semana al poner fecha al concurso para privatizar el AVE a Levante. El objetivo del Gobierno es hacer lo mismo en la construcción y administración de una red ferroviaria determinada.
Según el antreproyecto de nueva Ley ferroviaria al que ha tenido acceso elEconomista, la voluntad del Gobierno es asignar a una entidad privada o pública las funciones propias del administrador de infraestructuras para su gestión y desarrollo. Es decir, podrá haber Adif privados en el futuro.
La iniciativa supone un salto cualitativo ya que el gestor ferroviario podrá construir nuevas vías en colaboración público-privada que le permitirá ahorrar recursos. Será el Consejo de Ministros quien apruebe la transmisión de los elementos de infraestructura a ese nuevo gestor en una operación que estará exenta de todo tipo de impuestos, lo que pone en valor la convicción del Ejecutivo de introducir la competencia planteando condiciones que sean atractivas.
No obstante, hay límites. Las empresas no podrán adjudicar el uso de las infraestructuras ni fijar los precios. Además, Fomento da un tirón de orejas a Adif y le da un plazo de cinco años desde que se apruebe la Ley para que sea rentable, sin tener que tirar de la ayuda del Estado. La iniciativa llega en un buen momento. El inicio de la recuperación permitirá mejorar un negocio en el que la libre competencia aumentará la oferta y el número de viajeros, lo que redundará en una mayor rentabilización de la infraestructura.