Antes de que el BCE comenzara su programa de compra masiva de deuda pública (que hoy se inaugura), lo cierto es que el pasivo del Estado español ya se había convertido en un activo codiciado por los inversores extranjeros. De acuerdo con las cifras del Tesoro, el año pasado la presencia de bonos, letras y obligaciones de la Administración central en las carteras foráneas marcó un hito: 362.495 millones, un número que contrasta con los 298.139 propios de 2013 y que todavía resalta más frente a la histeria por deshacerse de títulos españoles que dominaba en 2012, cuando el futuro de la zona del euro era una incógnita.
Desde entonces, apostar por España ha sido, cada vez más, una estrategia segura para los mercados, gracias al paso al frente que el presidente del BCE, Mario Draghi, dio en julio de aquel año, garantizando que haría "lo necesario" para salvar la moneda única. Pero conviene reconocer el mérito que corresponde a España por su ganancia de competitividad, el ajuste de su sector privado y el doblegamiento de la recesión más larga de su historia hasta ser capaz de crecer cerca de un 3% este año.
Nada de extraño, por tanto, cabe hallar en el hecho de que los inversores extranjeros confíen en España. Por el contrario, resulta más chocante que esos logros no basten para revisar al alza la calificación crediticia del bono español en lo que llevamos de año. Sin embargo, la cautela llega a ser comprensible al tener en cuenta que, por sólidos que sean los fundamentales económicos, una mala gestión política constituye el método más rápido para arruinarlos. Los inversores mantienen la guardia alta ante los resultados electorales. Es allí donde ahora se juega el futuro de la recuperación.