La deficiente gestión de los fondos públicos destinados a formar a trabajadores y parados en España vuelve a ponerse sobre la mesa, en este caso, aflorada por un informe del Tribunal de Cuentas.
El documento de la entidad fiscalizadora revela cómo casi 53 millones destinados a elevar las cualificación de la población activa española presentaron, en 2010, "incidencias en la ejecución y en la justificación". Los principales rasgos del caso resultan familiares para la opinión pública.
No en vano tanto los sindicatos mayoritarios como la patronal (en esa época presidida por Gerardo Díaz Ferrán), los encargados de diseñar y a la vez impartir los cursos, se encuentran igualmente implicados. Las anomalías son también viejas conocidas, en la medida en que se basan en "imputación de costes por encima de los precios de mercado", utilización de la subvención para fines extemporáneos o defectos formales en la documentaciónn acreditativa.
Son, en suma, problemas que un verdadero control habría, sin duda, evitado. Poner la lupa sólo sobre patronal y sindicatos no sería completamente equitativo, ya que el Gobierno siempre ha tenido representación en la Fundación Tripartita que ahora está en vías de reformarse. Sin embargo, resulta innegable, como el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto, que fueron los agentes sociales quienes utilizaron esos recursos en beneficio propio.
En el caso de CEOE, la subvención respaldó los sueldos de su gerente y de su director de Relaciones Laborales, desembolsos que en todo caso tendrían que provenir de sus recursos propios. La reforma en ciernes de la formación tiene que establecer como prioridad la imposibilidad de que se produzcan abusos así.