El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha mostrado un marcado comedimiento en el último Debate sobre el Estado de la Nación de la legislatura. Desde que ocupa la jefatura del Ejecutivo, era la primera vez que Rajoy podía hablar, en su balance ante el Congreso de los Diputados, de crecimiento sostenido del PIB y de creación de empleo.
Sin embargo, más allá de dar por terminada la "pesadilla" en la que la crisis sumió a España y garantizar el surgimiento de un millón de puestos de trabajo netos entre 2014 y 2015, el presidente resistió la tentación de hacer más tangible la recuperación a los ciudadanos, por la vía rápida del subsidio masivo. Resulta meritorio, teniendo en cuenta que España afronta este año la sucesión de elecciones más prolongada de su historia democrática.
No en vano lo que Rajoy anunció ayer, en su mayoría, no supone más que abundar en medidas ya establecidas. Así, la reducción en las cotizaciones sociales de la contratación indefinida es la nueva versión de la tarifa plana de 100 euros mensuales, que caduca en marzo. Del mismo modo, las ayudas a los autónomos ya en vigor se amplían a los trabajadores por cuenta propia con cargas familiares; igualmente el cheque-familia se extiende ahora a los hogares monoparentales. Uno de los puntos débiles del discurso de Rajoy estriba en no haber estimado cuál es el coste total de esta vuelta de tuerca de su política social.
No obstante, cabe intuir que será lo suficientemente limitado como para no engordar los números rojos de la Seguridad Social y, lo que es más importante, asegurar el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda de todo el sector público. Ésa debe ser la prioridad, muy por encima de todo gesto electoralista.
