Mapfre está a punto de inaugurar una nueva etapa en el proceso de reclamaciones judiciales a BFA-Bankia, por la fallida salida a bolsa del banco. No en vano el presidente de la aseguradora, Antonio Huertas, se mostró ayer dispuesto a reclamar los 280 millones invertidos por su grupo en la OPV. Por sí solas, las palabras de Huertas implican todo un viraje, en la medida en que, hasta ahora, los participantes institucionales en aquel infausto estreno bursátil habían evitado iniciar ningún tipo de acción. En un principio, sus responsables alegaban que, como inversores cualificados, debían ser conocedores de los riesgos que entrañaba la operación. Sin embargo, el contexto ha cambiado sustancialmente con la presentación del informe pericial solicitado a dos inspectores del Banco de España por parte del juez Andreu.
De acuerdo con ese documento, las cuentas que permitieron a la entidad debutar en el parqué se encontraban falseadas. No debe perderse de vista que muchos de los inversores institucionales de Bankia son empresas cotizadas, y sus accionistas, legítimamente, pueden considerarse perjudicados por ese presunto engaño, y reclamar a los consejos de administración de sus compañías que inicien procesos de reclamación. Mapfre se anticipa a esas posibles acciones y empieza a dar pasos para que no se pueda cuestionar la protección que da a los partícipes. Su inacción, además, cada vez sería más difícil de justificar considerando los precedentes ya establecidos por los inversores minoritarios de Bankia. Estos se están viendo ya compensados, mediante acuerdos extrajudiciales o sentencias de tribunales provinciales. El terreno está abonado, por tanto, para que los grandes compradores de la OPV también reclamen.
