Los números de la operación Edu reafirman hasta qué punto urge una reforma de la gestión de los fondos públicos destinados a formación. Son 52 las empresas sospechosas de defraudar, en 2009 y 2010, tres millones de euros; sólo ayer el número de implicados se elevó a 90, entre ellos, destacadas figuras del PSOE y el PP andaluz. De nuevo Andalucía es el epicentro del escándalo, pero el problema la supera y se nutre del descontrol mismo del reparto de subvenciones, del que se han beneficiado partidos y agentes sociales. Sorprende que nadie en la oposición apoye la reforma que ya impulsa el Gobierno en este ámbito, y que empezará con la sustitución de la Fundación Tripartita. Acabar con el fraude en formación merece el compromiso de todas las fuerzas políticas.
