El presidente Mariano Rajoy dejó ayer sentenciada la posibilidad de un acuerdo entre el Ejecutivo y la Generalitat que solucione el problema soberanista catalán. Resulta innegable que su homólogo catalán, Artur Mas, ya contribuyó a enterrarla con el envalentonamiento que le embarga desde la noche electoral del domingo, y que lo ha conducido de regreso a un maximalismo en el que sólo caben dos opciones: o referéndum o elecciones plebiscitarias. Pero Rajoy, en su comparecencia de ayer, también entró en el juego de ver quién tensa más la cuerda.
En primer lugar, el jefe del Ejecutivo se excedió a la hora de calificar de "rotundo fracaso" el 9-N. Tiene razón cuando afirma que las votaciones han demostrado lo "plural" que es la Cataluña actual y lo cerca que se halla el independentismo de su techo. No obstante, detrás de una participación de 2,3 millones de personas late un descontento social que merece considerarse. En todo caso, la mejor manera de multiplicar el alcance de la consulta sería convertir a Mas en un mártir con una inhabilitación.
Rajoy se equivoca al dejar abierta esa posibilidad, escudándose en la independencia de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, su mayor error radica en señalarle al president una salida, como es proponer una reforma constitucional, para luego bloquear el camino. En el rechazo genérico a todo lo que que afecte a la "soberanía nacional", bien puede encuadrarse la discusión sobre un nuevo modelo territorial que, según amplios sectores de la sociedad catalana (incluido el empresariado), puede solucionar el problema. Lo que es seguro es que éste sólo se agravará si Rajoy trunca el diálogo y lo fía todo a la inercia de la recuperación económica.