No es posible hablar de ganadores ni de perdedores tras la consulta soberanista del 9 de noviembre. Desde luego, no hay una victoria que se puedan apuntar los organizadores de la votación, pese a su (previsible) triunfalismo. CiU y ERC quisieron vestir la ocasión con los ropajes propios de un momento histórico y, sin embargo, sólo consiguieron una movilización masiva entre su propio electorado. Es más, una participación del 33%, con todas las cautelas que impone un método de recuento totalmente informal para una consulta aún en marcha, no puede estar a la altura de unas expectativas tan elevadas.
En consecuencia, en el mejor de los casos, el presidente Artur Mas se halla en la misma situación que a finales de julio, cuando acudió a La Moncloa para entregar sus conocidas 23 peticiones económicas. Ya entonces los empresarios catalanes (y del resto de España), previendo el enquistamiento de posiciones, abogaron por el acuerdo Moncloa-Generalitat e hicieron propuestas, como el llamado plan Miñón de reforma constitucional.
Ahora, Pimec, Foment o Cecot, entre otras patronales, reiteran la llamada a la negociación en un momento aún más propicio. Del 9-N, Mas sólo obtiene la certeza de que el independentismo está cerca de su techo en cuanto a movilización en Cataluña. Por su parte, Rajoy tiene ante sí una consulta en la que han participado más de dos millones de personas, pese a la ausencia de consecuencias jurídicas. Desoír por completo un movimiento social de esta envergadura sería un grave error. El momento para pulsos y desafíos ya quedó atrás. Mas y Rajoy deben aprovechar para lograr un acuerdo ambicioso que posiblemente incluya una reforma de la Carta Magna.