El primer escándalo que afronta la Comisión Europea bajo la Presidencia de Jean-Claude Juncker está lejos de constituir un problema creado por el nuevo Ejecutivo. La existencia de redes perfectamente ensambladas en el corazón mismo de la Unión Europea, para facilitar la elusión de impuestos en países que forman parte de ese mismo club, es una realidad consolidada durante décadas.
Lo demuestra el hecho de que son más de 300 las multinacionales que se han aprovechado de ese mecanismo, que se resume en generar beneficios en un determinado país, pero tributar por ellos en los paraísos fiscales no reconocidos que operan en la Unión (Irlanda, Holanda y, sobre todo, Luxemburgo).
Es también una prueba fehaciente de que una firma de servicios profesionales tan reconocida como PwC haya podido hacer de esta ingeniería fiscal casi una especialidad, al ofrecérsela, a través de su filial luxemburguesa, a 30 empresas radicadas en España. PwC se defiende argumentando que sólo ofrece asesoría a sus clientes "dentro del marco legal vigente". Y, en efecto, ahí radica la flagrante incoherencia de la Unión Europea.
Conviene ir más allá de la anécdota de que, precisamente, un exprimer ministro del Gran Ducado se coloque al frente de la Comisión. La paradoja es otra: el Ejecutivo europeo, mucho antes del desembarco de Juncker, ha combatido las ayudas de Estado, contrarias a la libre competencia, en sectores como, en el caso español, los astilleros o los clubes de fútbol; sin embargo, al mismo tiempo, ha tolerado que países bajo su jurisdicción actúen como paraísos fiscales. La UE debe explicar por qué un tipo impositivo de sólo el 1% en Sociedades no se considera también ayuda de Estado.