La ofensiva puesta en marcha por Hacienda para acabar con los impagos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos a sus proveedores ha sido notable desde el punto de vista de los recursos movilizados. Los tres planes de pago desplegados hasta la fecha, más la ayuda proveniente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), suman un total de casi 90.000 millones de euros. En otros términos; casi el doble de la cuantía que la Comisión Europea destinó al saneamiento del sector financiero español. Sin embargo, basta con preguntar a los proveedores para constatar que los resultados no han sido los prometidos.
De hecho, Hacienda reconoce que no hay ni una sola comunidad autónoma que cumpla con los plazos fijados por ley en el pago a los laboratorios y empresas de tecnología sanitaria. Dado que la salud es la principal partida de gasto de todas ellas, simplemente cabe reconocer que las facturas siguen rebosando en los cajones de los Gobiernos regionales. Y mientras la deuda crece, las autonomías se permiten, además, incrementar en 1.300 millones sus desembolsos en sanidad ante la proximidad de las elecciones.
El ministro Cristóbal Montoro cumple con su obligación cuando habilita un nuevo sistema de financiación, a través del Tesoro, al que tendrán que acogerse todas las regiones que persistan en el incumplimiento de los plazos de pago. No cabe tolerar que financien sus promesas electoralistas a costa de sus proveedores, mientras el déficit de este nivel de la Administración lleva camino de cerrar 2014 en el 1,8% del PIB. Una menor autonomía fiscal es un precio justo, si con ello se consigue atajar, de verdad, la acumulación de facturas en los cajones.