España tiene un problema con la economía sumergida que soporta, no sólo por la envergadura que ha alcanzado en términos absolutos (entre el 20% y el 25% del PIB), sino también por sus dificultades a la hora de recuperar para las arcas públicas la parte de ese dinero en B que Hacienda logra detectar. Según denuncia el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), la Agencia Tributaria tiene que hacer frente a unos impagos por valor de 51.000 millones de euros. Dicho de otro modo, en la situación actual, el fisco sólo está cobrando uno de cada seis euros que identifica como pendientes de cobro.
No todo en esta estadística es fruto de la evasión fiscal, puesto que también incluye los impagos que las personas físicas y particulares reconocen con objeto de obtener aplazamientos o compensaciones. Ahora bien, el denominador común de todos estos recursos es que resultan vitales para la Administración en unos momentos como los actuales. Además, está en juego la credibilidad misma de las previsiones sobre las que se han elaborado los Presupuestos Generales del año que viene. Sin una lucha contra el fraude realmente eficiente, provista de medios suficientes y capaz de defenderse de la excesiva judicialización de los procesos de cobro, resulta increíble que un país donde el consumo de las familias se encuentra estancado, el IVA pueda recaudar un 7,2% más en 2015. Y si el pronóstico no se cumple, peligra el cumplimiento del objetivo de déficit.
