El Gobierno va a poner toda la carne en el asador para tratar de corregir el problema más importante de la economía española: la abultada tasa de desempleo, muy en particular el juvenil, que llega al 53,5% y se sitúa en la más alta de Europa. Y ello, como dicen los analistas, pasa inevitablemente por reindustrializar España.
La Comisión Europea establece como objetivo que la industria represente el 20% del PIB europeo en 2020. En nuestro país, apenas llega al 15%, un raquítico dato si lo que se quiere es recuperar el papel de la industria como generador de crecimiento y empleo. De ahí que el Gobierno haya preparado La Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España, un plan de acción a corto plazo al que ha tenido acceso en exclusiva elEconomista y cuyo contenido detallamos punto por punto.
La idea parece clara. El objetivo debe ser invertir en I+D, formación, tecnología... para crear una industria innovadora y competitiva en los mercados internacionales. Un plan de 96 medidas concretas, de las que el Gobierno prioriza 34, y que deben ir acompañadas de incentivos fiscales. Es la clave del documento que manejan la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Industria, José Manuel Soria: ayudas fiscales e I+D.
Sobre el papel, el plan promete. Después de años de severos ajustes por la crisis, el Gobierno vuelve a poner en marcha incentivos fiscales para las empresas: mejora de acceso a la financiación de las pymes en sectores estratégicos, impulso de mercados alternativos de financiación como el MAB y el crowdfunding y apoyo financiero a la creación, traslado y ampliación de plantas industriales. Esto sobre el papel, que todo lo aguanta.
Pero este cambio tiene un coste. Del éxito o del fracaso de cómo el Gobierno conjugue déficit y gasto dependerá que este plan cobre vida. El Ejecutivo tiene una ardua tarea para poder hacerlo en un escenario de recortes y de austeridad. A nadie se le olvida que pese a que España ha abandonado el programa de ajustes al que fue sometida tras pedir el rescate bancario, las autoridades de la UE siguen exigiendo más medidas de recorte.
Y lo más difícil está por llegar. España debe reducir aún más su déficit y situarlo en el 4,2% en 2015 y el 2,8% en 2016. Por tanto, no va a ser fácil aumentar todas las partidas y todos los gastos en cada una de las secciones. El documento no da cifras. Confía en el ICO, en la financiación público-privada y promete mano dura en la lucha contra la morosidad, pero quizá falta un detalle más exhaustivo de cómo se va a sufragar todas estas reformas sin echar mano del dinero público. Sí hace, sin embargo, una apuesta acertada por aumentar el peso de la financiación no convencional con un mayor peso de la deuda corporativa y el capital riesgo. También contempla reducir la factura energética para ganar competitividad.
El Gobierno ha puesto ya a trabajar a todos los Ministerios. La Agenda industrial delimita el trabajo de cada departamento y fija un plan de revisión anual. El Ejecutivo contempla 96 medidas. Pero no importa tanto el número (quizá el cien hubiera dado un titular más redondo), sino el fin. El Ejecutivo es consciente de que la clave de la generación de empleo está en la industria, algo que todos habían olvidado en una España que fiaba su futuro a los servicios. También en la I+D, un refugio para los jóvenes desempleados con un complicado futuro en un tejido industrial obsoleto que necesita reinventarse. No es fácil, pero es la única vía para poner en valor a nuestra industria y a nuestros jóvenes.
