Donde dije digo, digo Diego... Donde el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, dijo que apoyaba las prospecciones petrolíferas (así viene recogido en su programa político de Coalición Canaria), dice ahora que estas perforaciones marinas "atentan gravemente contra la supervivencia" de su territorio. Donde dijo que era "beneficioso", dice ahora que es un "atropello". Rivero está presionando a los principales accionistas de la petrolera, Sacyr y La Caixa, para que paralicen el proyecto. El mandatario canario ya se ha reunido con el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, y lo hará previsiblemente antes del 21 de julio con Isidro Fainé.
Un giro de timón que sólo se entiende por el interés de Rivero de sacar rédito político, aprovechando el descontento de una parte de la población canaria con dichas extracciones. El líder de CC quiere ganar tiempo para preparar un referéndum popular y acelerar la calificación de lugar de interés de la zona, lo que paralizaría las investigaciones petrolíferas. Una política interesada, en la que prima el populismo frente a una oportunidad de futuro (que no de amenaza, como algunos quieren hacer ver), en un país con una dependencia energética por encima del 75%. Contar con nuevas fuentes de autoabastecimiento conllevarían una generación de empleo con el consiguiente crecimiento económico. Pero el Gobierno debe exigir una política de buenas prácticas a las empresas y respetar el marco normativo medioambiental para tranquilizar a los ciudadanos. Una exploración petrolífera no está exenta de riesgos, pero la capacidad tecnológica y la experiencia de empresas como Repsol son una garantía añadida en estas investigaciones.
