Se abre la pugna entre el Gobierno y Escal a cuenta del almacén subterráneo de gas Castor. La decisión de ACS (propietaria del 66,7% de Escal, la sociedad que gestiona la concesión) de renunciar a la concesión anticipa una dura batalla legal sobre quién debe correr con los gastos. La constructora defenderá su papel de víctima ya que los informes finales sobre la salud del pozo pueden tardar años en llegar. Además ACS reclamará los 1.272 millones prometidos por el exministro y amigo Miguel Sebastián en caso de revertirse la obra. Un acuerdo cuestionable y que puede salir muy caro a los españoles. Industria no puede asumir bajo ningún concepto una obra mal hecha, los sobrecostes injustificados y la inyección de 500 millones del BEI que también habrá que devolver.
