El viernes pasado el Consejo de Ministros aprobó la reforma fiscal y posteriormente Moncloa mostró el lado más amable de las medidas adoptadas. Principalmente, la restauración de la tributación en el IRPF a los niveles de diciembre de 2011, antes de que el Gobierno Rajoy, recién llegado al poder, subiera impuestos.
Las rentas medias y bajas se beneficiarán de ello, aunque las altas seguirán tributando efectivamente más que hace cuatro años. El Gobierno también anunció una bajada del 30 al 25% en 2016 (27% en 2015) en el tipo del Impuesto sobre Sociedades para grandes empresas, mientras las pymes se mantienen en el 25%.
Cristóbal Montoro empezó ayer a desvelar la letra pequeña de la reforma y ahí se ve que el ministro ha sido fiel a su propósito inicial, aunque sus intenciones fueran posteriormente suavizadas por Mariano Rajoy para no alterar a los electores. El titular de Hacienda baja impuestos y desde luego no pierde, sino incrementa, recaudación, porque las numerosas subidas compensan sobradamente el efecto de los muy medidos regalos fiscales.
Tampoco ha hecho caso Montoro, como ya advirtió, al informe que encargó a un grupo de expertos sobre la reforma. Actualmente el tipo medio de tributación de muchas grandes empresas se sitúa en el 13% por las deducciones con que rebajan su factura fiscal. Con la supresión de muchas de ellas, la tributación de estas compañías se puede incrementar hasta 10 puntos. La medida no sólo afecta a las grandes sino también a las pymes, para las que no hay rebaja de tipos.
La poda de deducciones en Sociedades es positiva para la simplificación del impuesto, pero no deja de ser un hachazo fiscal en un momento todavía muy delicado para bastantes empresas. Por ejemplo, desaparece la deducción de costes financieros y se incentiva fiscalmente la capitalización de las empresas. La idea teóricamente es buena. Se persigue rebajar el nivel de endeudamiento externo de las compañías e inducirlas a que se capitalicen. El problema es que muchas no están en condiciones de dar este golpe de timón tan rápidamente y el cambio tributario les restará aun más oxígeno.
Quien sí se beneficiará es Hacienda que aumenta ingresos con la eliminación de ésta y otras deducciones, así como con los cambios operados en el IVA. Este impuesto no sube oficialmente, pero sufre retoques que también incrementan la recaudación.
Con esta reforma, Montoro compensa sobradamente lo que rebaja por una parte con lo que sube por otra. Prima ante todo la necesidad de cuadrar el objetivo de déficit y reducir deuda, lo cual es irrenunciable, pero hay otros medios para hacerlo y acometer rebajas fiscales que estimulen la actividad empresarial y la creación de empleo. Bajo esta misma filosofía de rebañar ingresos se explica el castigo a los pequeños inversores, que desde el próximo año pierden la exención para los primeros 1.500 euros recibidos por dividendos.
Un golpe de mano fiscal a la bolsa española que se nutre de este tipo de ahorradores. No son los únicos, porque de la misma forma se ven muy afectadas las indemnizaciones por despido, a pesar de que la medida se intente justificar en que así se evitan pactos fraudulentos entre empresas y directivos con contratos blindados. La reforma fiscal no responde al cambio y modernización del sistema tributario que hubiera sido necesario, las sorpresas que encierra su letra pequeña indican que, una vez más, se recurre a las subidas impositivas para aumentar la recaudación y falta audacia para bajar impuesto e impulsar la actividad económica.
