Coca-Cola ha perdido durante los dos primeros meses de 2014 la mitad de las ventas en la zona centro, -Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha-, por el boicot de los trabajadores y, a la vista de los resultados, también de un alto porcentaje de la población consumidora de este refresco. Un efecto derivado del golpe asestado a la imagen de la marca por un conflicto mal gestionado por la embotelladora Coca-Cola Iberian Partners desde su inicio, como se ha reiterado desde las páginas de elEconomista.
La sentencia de la Audiencia, que acaba de anular el ERE de 821 empleados, deja claro cómo y en qué fechas se empezaron a resentir las ventas. Más grave aun es que hasta los propios magistrados se extrañen en la sentencia de lo mal que se ha tramitado el expediente y de que Sagardoy, el despacho de abogados que se ocupó de ello, ni siquiera se haya molestado en presentar un plan industrial. Este se debería haber incluido en el informe técnico y en la memoria del ERE.
De esta forma, la Audiencia podría haber entendido que era necesaria una regulación de empleo, justificada en la reorganización empresarial de la producción. Precisamente era esto lo que se perseguía, pero ni la dirección de la embotelladora ni sus abogados han hecho el mínimo esfuerzo por explicarlo a los trabajadores y a los jueces. Llamó la atención desde el principio que una empresa en beneficio y con buenas condiciones para negociar una reordenación pacífica de sus efectivos lo haya hecho tan mal.
Coca-Cola ha puesto en riesgo el negocio en España, uno de sus mayores mercados en Europa, y puede que no se recupere hasta dentro de tres años. Un ejemplo de que no sólo las crisis sino también la mala gestión perjudican a las empresas.
