Tras muchos borradores y largas sesiones de discusión entre Gobierno, sindicatos y empresarios, parece que al fin se abre paso un acuerdo razonable sobre la oferta de formación para el empleo. El último documento, que goza del consenso de las tres partes -a la fuerza ahorcan- impone principios de transparencia y competencia. No hay que olvidar que la formación, tal como está diseñada actualmente, se ha convertido en uno de los principales focos de corrupción, como demuestran los casos destapados en Madrid y Andalucía.
El hartazgo contra esta lacra ha quedado patente en el resultado de las elecciones y en la desconfianza manifiesta hacia los agentes sociales, que han usado y abusado del sistema. La última redacción del texto legal impone que del dinero destinado a este fin -1.700 millones en el presente ejercicio-, el 70% salga a concurso público. La primera novedad es que las CCAA ya no podrán repartir a discreción el dinero de la formación, como sucede en la actualidad.
Este cambio es un freno al clientelismo y las actuaciones delictivas que se generan por esta vía. El 30% restante del dinero destinado a formación lo recibirán las empresas que la impartan directamente a sus empleados con cargo a las cotizaciones sociales que abonan. La segunda novedad, en la misma línea que la anterior, es que las organizaciones empresariales y los sindicatos no podrán concurrir como tales a los concursos, aunque se deja la puerta abierta a que lo hagan a través de sociedades participadas. Es necesario que el nuevo modelo se implante cuanto antes y los fondos destinados a este fin se sometan a la nueva ley de subvenciones, porque mientras no cambie el modelo la puerta a la corrupción sigue abierta.
