La juez Alaya sigue con paso inexorable la instrucción del caso de los ERE fraudulentos. Una vez que ha inculpado a los "centros neurálgicos" políticos en esa autonomía, llega al poder económico sin el que el sistema ilícito arbitrado no se hubiera podido llevar a cabo. Otros brotes de corrupción ya asomaban con casos como el de Santiago Herrero, presidente dimitido de la patronal andaluza. La juez relaciona a los nuevos imputados -Braulio Medel, José Mª Bueno Lidón y otros catorce directivos de importantes compañías y ex altos cargos de la Junta- no con el sistema de gestión del dinero para los ERE, sino con la distribución de 74 millones abonados a empresas y ayuntamientos.
Todos tienen en común haber pertenecido entre 2001 y 2008 al consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía, posteriormente agencia Idea. Esta institución fue el canal necesario para llevar a cabo el sistema ilícito de concesión de subvenciones. Los miembros del consejo no pueden decir que no sabían lo que firmaban, ni que ignorasen que los presupuestos de Idea falseaban pérdidas. Era su responsabilidad como consejeros controlar las cuentas que firmaban y, por tanto, están obligados a responder de su actuación.
El auto también destapa una evidente negligencia: Medel sólo asistió a 3 de las 32 reuniones del IFA/Idea que analiza la juez y aun así se mantuvo en su cargo, lo que la magistrada critica. El reconocimiento profesional del que gozan estos directivos sirvió para dar la apariencia de transparencia y buen hacer que demandan los contribuyentes para la gestión de su dinero. Por ley, Medel y otros imputados no están obligados a dimitir, pero deben plantearse el daño que hacen con su permanencia en las entidades que representan.
