La mayoría de las Administraciones se han puesto al día en el pago a proveedores, pero hay que evitar que esta situación se repita. Ayer se debatió en el Congreso la propuesta de CiU para regular un régimen de infracciones y sanciones en la ley de morosidad cuando el retraso en el pago excede de 30 días, en administraciones, y de 72 días, en empresas. Un debate sobre el que hay opiniones divergentes entre los grupos parlamentarios. Sin medidas coactivas va a ser más difícil que se cumpla la ley, sólo hay que remitirse a la situación que se ha producido durante la crisis. Los planes de pago a proveedores fueron una solución acertada, pero tienen un carácter puntual y no se deben repetir. Por ello, la ley precisa de mecanismos que la hagan eficaz.
