Las CCAA tendrán que esperar a que pasen las elecciones europeas para reunirse con Hacienda. Se retrasa el Consejo de Política Fiscal, en el que se iban a cerrar los datos de déficit 2013 y plantear planes de reequilibrio de las autonomías incumplidoras, que son las mismas que recibieron un trato de favor el año pasado. El Gobierno quiere evitar desencuentros entre barones de su propio partido y Hacienda conoce el descontento que hay en varias CCAA gobernadas por el PP.
En algunos caso, como sucede con Aragón, hay un desacuerdo total sobre el déficit con que cerró 2013, pero también va a suscitar polémica los planes de ajuste que se propongan a las autonomías incumplidoras. Tanto si se suavizan las exigencias como si se les pide un mayor esfuerzo. En el primer caso, el Gobierno se enfrentará al rechazo de las cumplidoras por la diferencia de trato. En el segundo, se puede encontrar con una rebelión que no interesa que se produzca antes del 25 de mayo. Más cuando hay preocupación por los resultados que arrojan las encuestas sobre los comicios. La cuestión de fondo es que con el retraso en la convocatoria del Consejo de Política Fiscal se está evitando el debate sobre la reforma del modelo de la financiación autonómica.
Madrid, Cataluña y Valencia presionan para abordar cuanto antes este asunto, pues se consideran perjudicadas por el sistema actual. Castilla y León quiere que este cambio se articule de forma coordinada con la reforma fiscal. Las CCAA piden, con razón, que el Gobierno tenga en cuenta su opinión y evitar que termine la legislatura sin aprobar un nuevo sistema de financiación. Pero la voluntad de diálogo y el interés general pasan a segundo plano, cuando lo urgente desbanca a lo importante.
