El futuro de Pescanova, buque insignia de la industria pesquera nacional, está en el aire. La entidades financieras acreedoras de la empresa, especialmente el denominado G-6 que integran Sabadell, Popular, Caixabank, BBVA, NGC y el italiano UBI Banca, de momento no apoyan el convenio de acreedores que ha presentado la compañía para evitar la quiebra.
Son partidarias de la liquidación y recomprar luego los activos. Sin embargo, esto hundiría el negocio de la compañía que con la quiebra perdería los derechos sobre sus principales caladeros, que conforman la base del negocio. Por esta razón los acreedores extranjeros -Ex-Im Bank, Morgan Stanley, City o Deutsche Bank- prefieren apoyar el convenio. Este grupo sólo supone un 20% del pasivo, cuando es necesario un 51% para sacar adelante el acuerdo.
Ante esta situación, el Gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto. Tanto el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, como el jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, Álvaro Nadal, están trabajando para que no se proceda a la liquidación del grupo. Una movilización que se entiende por la gran envergadura de Pescanova. Se trata de la segunda multinacional pesquera en el mundo y la segunda empresa gallega por detrás de Inditex. Su quiebra supondría la desaparición de 12.000 empleos, 2.000 de ellos en Galicia, y la pérdida de una industria esencial. Un daño irreparable para los intereses generales del país en un momento en que la crisis se ha llevado por delante gran parte del tejido industrial. Además de un varapalo a la incipiente recuperación del empleo y la actividad económica.
