Al Estado le cuesta pagar a sus proveedores. En 2013 tardó una media de 40 días, diez más de lo previsto por la Ley de Morosidad. Aunque es justo reconocer que en el último trimestre se cumplió el límite de los 30. En el conjunto de las administraciones públicas la demora se multiplica casi por cuatro (111 días), lo que resta credibilidad a los mensajes del ministro Montoro, que no se cansa de repetir que los pagos se van a cumplir. Esto significa que durante este tiempo las administraciones deudoras se han estado financiando con un dinero que no es suyo, creando a las compañías graves tensiones de liquidez e incluso en quiebra. Este retraso permitió a España cumplir con la deuda, pero el precio que se paga es muy caro. Sobran diez días.
