La intervención del Gobierno español en la puja por la aceitera Deoleo choca contra las leyes de la libre competencia. Si inicialmente se podía defender que se impidiese, en la medida de lo posible, que la principal exportadora de aceite español pasase a manos del Estado italiano, ahora ya no existe tal justificación. En el proceso han aparecido nuevos actores, fondos de inversión interesados por quedarse con el cien por cien de la compañía, pues la oferta por el 31% del capital implica una opa.
Tras la adquisición de la compañía sería necesaria una ampliación de capital para reestructurar la deuda. Las presiones que están ejerciendo Miguel Arias Cañete y Cristóbal Montoro pueden producir un cambio en las condiciones del concurso y provocar que se declare desierto. El Gobierno quiere que Caixabank lidere un bloque de accionistas españoles en Deoleo y que, además, aumente un 5% su participación. Así, junto a Kutxabank, Unicaja y Dcoop (antigua Hojiblanca), BMN y Bankia, harían innecesaria la oferta del 31%.
Además, el bloque español podría aumentar si finalmente entra la Sepi en el capital. Un intervencionismo de tal calibre es injustificable, pero el Ejecutivo quiere estar a bien con Andalucía cuando se abre un prolongado periodo electoral. Los titulares de Agricultura y Hacienda no tienen empacho en maniobrar y en poner dinero de los contribuyentes, si es preciso, en el proceso de venta de una empresa cotizada. Algo que lógicamente ha sentado muy mal a los fondos de inversión. Esta intromisión actúa como un revulsivo sobre los inversores extranjeros cuando vuelven a interesarse por nuestro país. Un intervencionismo a todas luces inadmisible.
