Hacienda va a tener muchos más problemas de los que inicialmente calculaba con la devolución del mal llamado céntimo sanitario, al que le obliga una sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Este recargo con el que la mayoría de las CCAA gravaban el consumo de hidrocarburos, con fines sanitarios y ecológicos, se aplicó de forma ilegal desde 2002 hasta 2012, año en que el Gobierno, que ya se temía un fallo desfavorable del Tribunal Europeo, lo suprimió para sustituirlo por un Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
El tributo nunca fue bien recibido, ni en su antigua forma ni en la presente. Lo soportan los conductores y los transportistas y perjudica a las gasolineras. Para los transportistas supone un incremento de costes y para las estaciones de servicio -al ser un impuesto autonómico que varía de una CCAA a otra- les ha restado competencia. En Castilla y León cifran la caída de las ventas por este motivo en un 25%.
Lo sucedido con el céntimo sanitario es un ejemplo de la indefensión de los contribuyentes ante las subidas guiadas por la voracidad fiscal, que luego se declaran ilegales. Por eso, los transportistas profesionales, que representan el 35% de los afectados por el recargo, además de contar con facturas para pedir la devolución de lo indebidamente ingresado a Hacienda, reclamarán la responsabilidad patrimonial del Estado por un acto legislativo que los contribuyentes no tenían que soportar. La factura a pagar por la Agencia Tributaria puede pasar de 4.000 a 10.000 millones. Un varapalo para el objetivo de déficit y un bumerán fiscal para Montoro, ministro de Hacienda cuando se aprobó este recargo, que tampoco suprimieron los sucesivos Gobiernos.
