IAG, la sociedad matriz de Iberia y British Airways, paga a Antonio Sánchez-Lozano, a quién depuso como consejero delegado de la aerolínea española, 52.667 euros mensuales desde octubre por buscar trabajo. Los pagos continúan en enero, febrero y marzo, siempre que Iberia tenga el convencimiento de que Sánchez-Lozano busca trabajo activamente. Esta cantidad se suma a otras cuantías que el exconsejero delegado ya ha recibido en concepto de indemnización.
Las empresas son libres de establecer las retribuciones e indemnizaciones que consideren oportunas y los accionistas acepten. Ello no es una justificación a cualquier desafuero, como la opacidad y los trucos para hacer parecer como salario una indemnización que se trocea. Con independencia de la cuantía, que es algo que corresponde decidir a la empresa según lo pactado con sus directivos, debe primar la transparencia. En el fondo de este asunto subyace evitar que Hacienda se lleve el 50% de la indemnización, cuando sobrepasa determinados límites establecidos por ley. Si este tipo de compensaciones se disfrazan de salario también tienen que tributar por IRPF, pero aplicando las deducciones que correspondan en el impuesto, lo que puede rebajar la factura fiscal.
Iberia y Sánchez-Lozano deberían hacer gala de responsabilidad social corporativa, que implica el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin estrategias ni por parte de la compañía, ni del afectado. No vale la excusa de que es el procedimiento habitual que se utiliza con los directivos de la aerolínea. Las malas costumbres están para cambiarlas y una empresa con pérdidas no se puede permitir este tipo de desafueros.
