El 15% de los hogares españoles sufre pobreza energética y cinco millones de personas no pueden pagar los recibos de luz y gas. La caída de los ingresos familiares, el paro y el alto coste de la factura les obliga a mantener su casas a menos de 18 grados en pleno invierno. El Gobierno trabaja en un Real Decreto que regule el bono social eléctrico en función de los ingresos y prepara la creación de una bombona de butano social. El debate está en quién asume el gasto. Industria quiere que sean las empresas, pero éstas no lo ven tan claro. La solución no es fácil, pero el Ejecutivo no puede cerrar los ojos ni ser timorato para, al tiempo que aborda la reforma energética, dar una solución viable a estos ciudadanos sin recursos por la crisis.
