Las pensiones públicas ya han empezado a bajar en términos reales, aunque no en términos nominales. Se ha ampliado la edad de jubilación de forma progresiva; también son más los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, y desde este año las prestaciones se revalorizan por debajo del IPC. A todo ello hay que unir que el porcentaje de pensión que recibe cada ciudadano en función del último salario percibido cuando estaba en activo -tasa de sustitución- ha bajado en sólo dos años 7,2 puntos.
Según la OCDE, en ese corto periodo la prestación pública ha pasado de representar el 81,2% del salario al 73,9%. En este descenso de la tasa de cobertura de las pensiones públicas influyen las reformas enumeradas y la crisis.
Muchos trabajadores con una larga carrera de cotización, que podrían haber optado a una pensión alta, han visto frustradas sus expectativas por el paro de larga duración, que no sólo les dejó sin ingresos sino que rebaja su jubilación. No se trata de hacer alarmismos, sino de insistir una vez más en que es preciso desarrollar instrumentos complementarios para canalizar el ahorro individual orientado a la jubilación, igual que se hace en otros países. El Gobierno tiene ahora la oportunidad de mejorar en la reforma fiscal el tratamiento al ahorro. Establecer una cuenta jubilación, que admita todo tipo de productos de inversión, con un tratamiento fiscal favorable es una opción que ya ha demostrado su eficacia en otros países de nuestro entorno.
