Hay plena coincidencia entre las patronales españolas en que la obligación de cotizar por el salario en especie tiene consecuencias negativas sobre el empleo y la recuperación.
Con independencia del sector que representen -electricidad, transporte, alimentación o construcción- expresan su malestar por una decisión que ha alterado la vida de las empresas por la forma en que se ha tomado y por el significado de este nuevo aumento de la presión sobre los costes.
En cuanto a la forma, llama la atención que el Ministerio de Empleo, como es costumbre con cambios de este calado, no avisase previamente a los agentes sociales. Más cuando supone una reordenación de las nóminas, que ha obligado a Fátima Báñez a dar marcha atrás y ampliar en tres meses el plazo de aplicación.
Todavía más grave es la cuestión de fondo. Da la sensación de que el Gobierno no tiene una idea clara de cómo paliar el deterioro de las cuentas del sistema de pensiones y sólo sabe echar mano del Fondo de Reserva y subir cuotas, sin tener en cuenta que el incremento de cotizaciones rompe -como también ha sucedido con los impuestos- las promesas electorales del PP de bajar la presión sobre los costes laborales.
Es una medida que no se entiende. Ni siquiera en el contexto de la necesidad del Estado de cumplir el objetivo de déficit. Drena 1.000 millones de la actividad económica en un momento en que la destrucción de empleo parece haber tocado fondo y se necesita acelerar la recuperación. Subir las cotizaciones opera en sentido contrario, incide a la baja sobre los salarios y fomenta la economía sumergida. El Gobierno no debe desaprovechar la oportunidad y guardar definitivamente la subida en el cajón.
