El resultado de la subasta eléctrica, que determina la parte variable del precio de la luz, produjo ayer escándalo social al determinar una subida de los precios en enero en torno al 11%. Un incremento que el ministro de Industria, José Manuel Soria, consideró "inasumible" y que determinó la intervención de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, por si se han detectados comportamientos no competitivos o no ha habido un número suficiente de participantes. Si esto se demuestra, la CNMC podría anular la subasta y en el plazo de 15 días convocar una nueva.
Ha hecho bien Soria en pedir la intervención del regulador, que ahora se enfrenta al trabajo de investigar lo sucedido y, si decide la anulación, demostrar sin ningún tipo de dudas los motivos de la misma. No hay que olvidar que se trata de una intervención en el mercado que puede dar lugar a un aluvión de demandas.
Por otra parte, el comportamiento de los precios en el mercado mayorista (pool) en los últimos días estaba provocando paros de plantas industriales y la protesta de los comercializadores independientes, que reclamaban la actuación de la CNMC. Pero el resultado de la subasta de ayer ha disparado todas las alarmas. Indica que algo no funciona bien en el mercado eléctrico. Además, una subida tan desproporcionada tendría un alto coste político, social y económico. Más allá de las actuaciones a corto plazo, Industria debe centrarse en las causas profundas que determinan que las reformas que está emprendiendo no surtan efecto sobre el recibo de la luz y tampoco corrijan el déficit de tarifa. Lo sucedido en la subasta da un argumento más para reformar el mercado mayorista. Un cambio que no debe hacerse esperar.
