El Gobierno utilizará el Impuesto sobre el Patrimonio para relajar la tensión con Cataluña. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne al Ejecutivo y las CCAA, Cristóbal Montoro va a plantear a las autonomías que se queden con la recaudación de Patrimonio y sigan recibiendo la compensación que se estableció cuando entre 2008 y 2010 se eliminó el impuesto.
Esta reforma por la puerta de atrás del sistema de financiación beneficia claramente a las regiones con mayores problemas presupuestarios. Es el caso de Cataluña y Andalucía, que entre ambas recaudan la mitad del tributo. Según los datos de 2012, la propuesta de Montoro supone para Cataluña una inyección de 300 millones, adicionales a los 700 millones que recibe por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Caramelo presupuestario
El Gobierno considera este caramelo presupuestario como un primer paso para empezar a encauzar el diálogo con la Generalitat y reducir el nivel de tensión política. Pero las razones que mueven al Ejecutivo son distintas de las que preocupan a otras CCAA. La discusión en el seno del Consejo de Política Fiscal promete ser, como mínimo, intensa. Madrid se opone frontalmente a recuperar un impuesto que se ha eliminado en toda Europa.
Bien es cierto que lo que deja de ingresar -por tener el tributo bonificado al cien por cien- lo recupera por el atractivo fiscal que gana cada día. Madrid baja impuestos mientras otras CCAA los suben y empieza a notar los resultados de su política contracíclica, que atrae a contribuyentes a empadronarse en Madrid. Recuperar viejos impuestos no es la solución, sino un parche, cuando se necesita un planteamiento integral e integrador alejado de intereses políticos.
