Barceló sigue la estela marcada por el Estado y las Administraciones Públicas y se suma a la política de vender ladrillo para sanear sus cuentas. El grupo hotelero negocia ya la venta de complejos en Canarias por 200 millones de euros. Su objetivo no es dejar la isla, una zona estratégica donde el 84% de los inmuebles es de su propiedad, sino mantener la explotación de los hoteles bajo contratos de alquiler o gestión. Una política acertada que le permitirá por una parte relajar una abultada deuda de 1.090 millones de euros y, por otra, obtener liquidez para acometer nuevas inversiones que afiancen su presencia en mercados internacionales como Europa, Norte de África y América Latina, donde al grupo le queda mucho recorrido.
