El dinero que el Estado ha transferido a CCAA y ayuntamientos para que puedan saldar sus deudas con los proveedores casi duplica el del rescate que ha recibido el sector financiero de Europa. Las administraciones autonómicas y locales todavía no han terminado de saldar sus deudas tras tres planes de pago a proveedores, que contemplan la deuda generada hasta el 31 de mayo, y un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para la acumulada a partir de esa fecha. Estas herramientas se tuvieron que instrumentar ante la imposibilidad de una gran parte de las autonomías de obtener financiación en los mercados. El Gobierno acudió en su rescate con una estrategia parecida a la que siguió la Comisión Europea con los Estados miembros a los que ayudó.
Se impusieron a CCAA y municipios unos objetivos de déficit, que han supuesto importantes recortes en sectores como sanidad, educación y servicios sociales. El problema no está del todo resuelto, como evidencian las recientes quejas de laboratorios y farmacias en Valencia y Cataluña, cuya principal preocupación reside en poder cobrar este año para incluir el pago en el balance de 2013 y evitar un agujero en sus cuentas. La presión ejercida -se temía una demora hasta 2014- ha hecho efecto.
A partir del próximo lunes, se empezarán a cobrar las facturas impagadas por importe de 5.400 millones, una inyección de liquidez que sin duda se va a dejar notar en la economía. El objetivo es que en febrero no quede pendiente ninguna cuenta con los proveedores. Hacienda debe habilitar las medidas legales y coercitivas para que las CCAA no generen más facturas en el cajón, cuando todavía les resta un gran esfuerzo para equilibrar sus cuentas.