En 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha la iniciativa ICO Directo, que permitía a las empresas, en contra del procedimiento habitual, solicitar créditos sin intermediarios financieros. Se ignoró por completo que el crédito no fluía por los problemas del sector financiero y por la dificultad de muchas empresas para devolver sus préstamos. El objetivo de la línea ICO Directo era estimular los préstamos a las pymes, con la asunción de todo el riesgo por parte del organismo oficial. El Banco de España advirtió al ICO en un informe, que en tal caso debía de ejercer los mismos controles de riesgo que aplica el sector bancario para conceder créditos. La advertencia cayó en saco roto y el supervisor tampoco insistió. El programa fue un fracaso.
En dos años sólo movilizó 500 millones en préstamos y a cambio el ICO ha acumulado una tasa de morosidad del 40 por ciento, que le obliga a provisionar por estos préstamos dudosos. Un error que desincentivó la concesión de créditos por parte de las entidades financieras, que derivaban al Instituto las peticiones de mayor riesgo y tampoco desatascó el crédito a las pymes. Ese sigue siendo el principal problema, como ha vuelto a recordar el Banco de España. Ahora los bancos no quieren asumir todo el riesgo de las líneas ICO y desde la entidad que preside José María Linde se aconseja compartirlos con el ICO, siempre que este lo haga en menor proporción que las entidades. Merece la pena el esfuerzo porque las pymes no tienen otra vía de financiación, siempre que no se incida en los errores del pasado y a sabiendas de que, como reconoce el propio Banco de España, el crédito no fluirá hasta que no se normalice la prima de riesgo y se inicie la recuperación.