La financiación autonómica cobra relevancia una vez que las CCAA han establecido su política de ajustes y se han enterado de que el sistema hace aguas por los ingresos. Algo que los expertos han denunciando, pero que la clase política había soslayado. Hasta ahora cada autonomía ha contado su versión de los hechos, sin que el Estado arrojase tampoco ni datos ni transparencia. Al final nada es lo que parece y todos se muestran insatisfechos con un sistema, que no les permite controlar lo que ingresan para así responsabilizarse de lo que gastan.
Ayer Mariano Rajoy tuvo que sofocar la revuelta de los barones de su partido con puntos de vista muy diferentes entre sí. Madrid puso sobre la mesa que, contrariamente a lo que se piensa, Cataluña sale mucho mejor parada con el actual sistema -fruto del acuerdo alcanzado con el tripartito catalán cuando gobernaba Zapatero- que Baleares o Madrid. La autonomía que preside Ignacio González sólo recupera dos de cada diez euros que recauda, mientras que Cataluña recupera casi seis de cada de cada diez.
El hecho de que ahora a ninguna CCAA le guste el sistema de financiación no justifica que se repitan viejos errores. Es decir, hacer la reforma sin unirla a un cambio general de la fiscalidad. La hoja de ruta de publicar las balanzas fiscales y a continuación iniciar las reformas parece bien diseñada, aunque hubiera sido deseable abordarlo antes, cuando ninguno de los barones que ahora exigen un cambio lo solicitaba. Tampoco se puede obviar una solución que dé un mejor encaje al modelo territorial, pues las medidas que se adopten se han de unir a una estructura competencial con financiación suficiente y que deje reposar sobre el Estado la solidaridad interregional.