El profesor del IESE, Javier Díaz Jiménez, cuestionaba hace un par de meses que todas las reformas de pensiones que se hacen sólo inciden en garantizar una prestación más baja a los futuros pensionistas. La última reforma elaborada por el Ministerio de Empleo propone aplicar a partir de 2019 el factor de sostenibilidad, que ajusta la cotización realizada durante la vida laboral con la esperanza de vida. Según los cálculos de los técnicos de Hacienda, esto supondrá una reducción de la pensión del 5,8% cada década. El cambio realizado por Empleo sólo tiene en cuenta los problemas presupuestarios y corre el riesgo de mermar notablemente las pensiones de la generación del baby boom español, que se produjo en los años sesenta del siglo pasado.
Los técnicos del Instituto de Estudios Fiscales advierten que, debido a que las pensiones españolas no son muy elevadas, se podrían volver a producir bolsas de pobreza entre la población jubilada. ¿Significa esto que no había que tomar medidas? Indudablemente, no. Pero es necesario un planteamiento integral que no se conforme sólo con equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, sino que dé a los que cotizan a lo largo de su vida laboral posibilidades de mejorar su pensión por otras vías. El modelo sueco puede servir de referente. Brinda una solución mixta, con la participación del sector privado, que permite a los trabajadores generar su propio ahorro y acerca más la pensión final a lo que realmente se ha cotizado. El Gobierno debería ser más valiente al abordar este asunto con un planteamiento integral que defina las pensiones que queremos tener y que desarrolle el ahorro complementario a la pensión pública.
