Desde 2012 Empleo utiliza los ahorros del sistema -Fondo de Prevención y Fondo de Reserva- para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social. La reforma que ayer anunció Fátima Báñez sigue la propuesta del comité de expertos nombrado al efecto, aunque la suaviza y opta por aplicarla en 2019 en vez de en 2014 como sugería una mayoría de los miembros de la comisión. Con ello también trata de garantizarse el apoyo de CCOO, cuyo representante votó estos ajustes, pero demorando su aplicación cinco años. La reforma que la ministra de Empleo llevará al Pacto de Toledo es un ajuste exclusivamente presupuestario orientado a frenar el desequilibrio del sistema, que utilizará el Fondo de Reserva como paliativo para aminorar el impacto sobre los pensionistas. El precio que se paga por ello es utilizar los ahorros del sistema.
En definitiva, el Ejecutivo cambia tiempo por impacto económico sobre los pensionistas, que ya superan los 8 millones. Será inevitable que quienes están cercanos a la jubilación echen cuentas y se produzca un importante aumento de jubilaciones anticipadas. La decisión de dosificar la bajada de las pensiones parece responder a la misma estrategia electoral, que anuncia una disminución de impuestos un año antes del fin de la legislatura y una reducción de contratos laborales que no es tal. Es cierto que en 2014 se aplicará un nuevo criterio de revalorización que contendrá el incremento de las prestaciones, pero permitirá afirmar a Báñez que las sube "un mínimo de un 0,25% anual". El Ejecutivo gana tiempo y pone en marcha el mecanismo para reducir las pensiones, tratando de aparentar lo contrario, sin abordar otros cambios para acometer un modelo más sostenible y efectivo.
