La deuda pública superó por primera vez el 90,1% del PIB en junio, cerca del 91,4% fijado para 2013. Y las perspectivas no son nada halagüeñas porque las comunidades autónomas, con el beneplácito del Ministerio de Hacienda, podrán incrementar de forma asimétrica su pasivo público durante los próximos tres años. Una decisión incomprensible porque del 17,6% del PIB en 2012 se pasará al 20,3% en 2016. Frente al rigor aplicado en el déficit autonómico, Montoro muestra un criterio permisivo que echará a perder toda la legislatura. El Gobierno corre el riesgo de que parte del ajuste del déficit acabe engordando el volumen de la deuda autonómica, complicando la senda de estabilidad que Bruselas exige a España.
