Los medios públicos son un fiel reflejo de la realidad económica de sus respectivos países. Salvo Grecia, que ha semicerrado su cadena pública, el resto ha optado por reducir recursos y plantilla. Reino Unido ha recortado un 20% el presupuesto de la BCC y ha despedido a 2.000 trabajadores. Alemania ha endurecido la financiación de la radio y televisión públicas con un canon de 18 euros por vivienda, mientras Francia ha puesto en marcha un plan de bajas para 1.200 empleados. Un ajuste similar al ERE aprobado por Radio y Televisión Valenciana, impuesto por el Gobierno autónomo para evitar su desaparición. De forma que en gran medida casi todas las cadenas públicas han adoptado iniciativas.
La excepción que confirma la regla es TV3, que en los últimos tres años ha recibido 839 millones. Pese a esta elevada inyección de capital el grupo público sigue instalado en las pérdidas -738 millones-, sólo recortará 27 millones la subvención pública en 2013 y ha pactado una prejubilación nimia que afecta a 225 trabajadores, ante el temor a sufrir revueltas laborales en plena campaña soberanista.
La situación más delicada corresponde a Catalunya Radio, que con fondos propios y patrimonio negativos se encuentra al borde de la disolución. Llueve sobre mojado con un problema que crece como una bola de nieve, pero al que Artur Mas tiene pánico de meter la tijera. No tiene sentido que la plantilla se haya reducido un exiguo 1,83% en 2012 y que el recorte salarial propuesto (-7,5%) siga sin ser aplicado. Por no hablar de la red de corresponsalías que el grupo mantiene intacta. Mas tiene la obligación de coger el toro por los cuernos y abordar un profundo ajuste de gastos para no incurrir en más déficit.
