Las compañías eléctricas asumirán la mitad del coste de la reforma del sector aprobada por el Ministerio de Industria. Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa dejarán de ingresar 1.375 millones, de acuerdo con las estimaciones realizadas por cada una de las compañías.
Además de este impacto en sus cuentas, las quejas se amplían a la actividad de la distribución, que en marzo pasado sufrió un recorte del 13%, al considerar el Gobierno que existe una sobrecapacidad en esta actividad regulada.
La gran divergencia que enfrenta ahora al sector con la Administración es que la última reforma de julio obliga a las empresas a garantizar el suministro mediante nuevas inversiones. Pero a cambio de acometerlas las eléctricas son retribuidas con una tasa del 6,5% antes de impuestos, un porcentaje que consideran insuficiente para cubrir los costes de capital invertido y que pone en riesgo la capacidad de financiación de los negocios de distribución. Y si no hay retorno no habrá inversión, de forma que la red eléctrica corre el riesgo de sufrir apagones. La amenaza está encima de la mesa y afecta a la parte más débil de toda la cadena, que es el consumidor, el gran pagano de la reestructuración acometida.
Es posible que las quejas estén sustentadas en números, pero también lo es que la demanda eléctrica permanece en una horquilla estable, que quizás no exige en estos momentos llevar a cabo inversiones de un retorno dudoso. En lo que llevamos de verano, periodo propicio a los apagones, éstos no se han producido a pesar de las elevadas temperaturas. En toda la polémica desatada debe quedar claro que las compañías son las responsables de la red, así como de su correcto mantenimiento.
