El Estado sigue siendo un mal cliente. Sus miles de proveedores pueden dar fe de ello porque emplea una media de 58 días en pagar las facturas pendientes, un periodo que se antoja excesivamente largo si se tiene en cuenta que la Ley de Morosidad establece un plazo máximo de 30 días para las operaciones de las Administraciones Públicas de gastos corrientes en bienes y servicios.
El dato aportado por la Administración General del Estado para el primer trimestre de 2013 es preocupante, en la medida que el pasado ejercicio la media se situaba en 47,5 días. Es decir, se ha ampliado en 10,5 días. Resulta inexplicable que la transposición de la directiva europea a través de la Ley de Morosidad, acometida en los primeros meses del año, no sólo no ha dado los frutos deseados, sino que encima ha empeorado el mecanismo de pago anterior.
Se trata de un nuevo incumplimiento del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien a finales del pasado año se comprometió en una reunión interna del PP a que este año se pagarían a los proveedores a 30 días en cumplimiento de la Ley de Morosidad. El resultado de este nuevo fiasco es que el Estado se sigue financiando a costa de sus proveedores, que aunque asfixiados por la falta de financiación no tienen más opción que aguantar para poder seguir contratando con las administraciones.
El retraso en los pagos presiona a la quiebra a las empresas, y daña tanto la imagen exterior del país como su fiabilidad y confianza entre los inversores. La entrada en vigor de Ley de Transparencia, en fase parlamentaria, debe contribuir a acabar con esta lacra, porque permitirá inhabilitar a los cargos públicos que incumplan con los compromisos de pago asumidos.
