La Comisión Europea prepara una directiva y un reglamento sobre servicios de pagos, cuyo objetivo es bajar las tasas de intercambio por las compras que se realizan con tarjeta. Se prevé un tope máximo de comisión de 0,2 euros en tarjetas de débito y de 0,3 euros en tarjetas de crédito.
Este cambio que propone la Comisión responde a las variaciones que se han producido en el mercado por la irrupción de nuevos agentes y nuevas tecnologías, cuya introducción sin duda redundará en una mayor competencia. En una primera fase de aplicación, Bruselas estima que la medida supondrá un ahorro de 3.000 millones para las grandes empresas en una primera fase. La generalización al pequeño comercio por la rebaja de comisiones bancarias puede traducirse en un ahorro de 6.000 millones.
La bajada de comisiones se tendría que trasladar a los precios y, por tanto, a los consumidores. España en este aspecto tiene una experiencia negativa, que ha trasladado Adicae (Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas y Seguros) a la Comisión Europea, pues la última reducción de comisiones no tuvo un efecto significativo sobre los precios. Sin embargo, Bruselas rechaza esta posibilidad y estima un ahorro directo de 730 millones para los consumidores al prohibir los recargos que se aplican por el uso de tarjeta en Internet, por ejemplo para la contratación de un viaje o un billete de avión.
La reforma es bastante positiva no sólo por el efecto que pueda tener sobre los precios, sino por el fomento que hace del uso de las tarjetas, que constituye una importante barrera contra la economía sumergida, y su contribución a clarificar un mercado muy fragmentado y a introducir más competencia y racionalidad en el uso del dinero de plástico.
